31 Agosto 2011
URGENTE DIFUNDIR,
FORMOSA, INGENIERO JUAREZ:
31-08-2011- 11:00 hs.
Comenzó toma por parte de la comunidad Wichi Barrio Obrero, del Centro de Integración Comunitario donde se llevan a cabo los proyectos que financia el gobierno nacional y provincial en su nombre (a expensas de la comunidad pero sin beneficio de ellos, sino del intendente, las autoridades con mandato vencido, con complicidad del INAI, y las ONG EPRASOL y APCD).
Reclaman los papeles de su Asociación Civil a las autoridades con mandato vencido, para poder elegir y nombrar autoridades legitimas, que no actúen en su contra. Dichas autoridades tienen el apoyo del Intendente Cristino Mendoza, que permanente los amenaza, los persigue, y los conmina a que no accedan ni al agua, por lo cual la comunidad debe beber de un dique donde los vecinos de la ciudad tiran sus residuos, y esta contaminado, entre otras cosas.
La Comunidad Wichí Barrio Obrero de Ingeniero Juárez, Formosa, quiere designar a sus autoridades y administrar sus recursos que actualmente están en manos de personas y asociaciones que no corresponde y los malversan al punto de tener un aserradero y talarles el monte . El Intendente, EPRASOL y APCD están involucrados.
Ingeniero Juárez, Formosa, Argentina
30 de agosto de 2011
La más de las veces, cuando los medios informan que los indígenas están muy bien, que tienen miles de hectáreas, son beneficiarios de planes, proyectos productivos, participan de emprendimientos y reciben viviendas y todo tipo de beneficios del Estado y de Organizaciones no Gubernamentales, de lo que se trata en realidad, es de una publicidad no tradicional, política y social, de un plan sistemático de exterminio indígena que buscan encubrir y hacer pasar por otra cosa. Basta apagar la radio, la televisión, cerrar los diarios, y salir a ver la realidad.
Las viviendas, que una vez que los miembros de las comunidades se retiraron de los territorios, a fuerza de persecución, hostigamiento, muerte, y todo tipo de argucias, deben pelearlas, no se las dan así no más, como los DNI, ni nada. La mayoría de las veces no se las dan tampoco, alcanza con que se corran de sus tierras y abandonen su medio de vida, espiritualidad y cultura.
En el caso de las organizaciones que se vanaglorian de la construcción de viviendas, son en realidad agentes del Estado para el destierro y la pérdida de identidad que en el mejor de los casos puede reducirse a la folklorización, si lo permiten los políticos, las iglesias y sus organizaciones; puesto que se pierde el medio, pero el parasitismo iniciado con la invasión española y la presión cultural del cristianismo y la demonización de las costumbres ancestrales no cesa.
Una vez obtenida la vivienda para mantenerla, y procurarse los medios para la vida, que ya no pueden procurarse en el monte, las familias pueden ser mano de obra barata en las explotaciones que usurpan sus tierras. Un negocio redondo para los psicópatas ambiciosos de más poder y dinero, y desastroso para la humanidad y el medio.
Esa explotación, si se trata de tierras todavía en propiedad de las Comunidades, se lleva a cabo en connivencia con Autoridades, que el Gobierno, y todo lo que le sea funcional, impone que se llamen Caciques, de asociaciones civiles tipo club de futbol; que se vendieron al poder político, que son las únicas permitidas en condiciones de gestionar algo respecto del poder político, pero solo para ellos y sus familias. Las autoridades de Comunidades que son fieles a su cultura son perseguidos y negados, hasta los mandan a matar, como ya supimos con el caso del Qarashe Qom Felix Díaz, en Potae Napocná Navogoh (que antes de dejar que nos enseñen y aprendamos, llamábamos Comunidad Toba Colonia La Primavera).
Las familias que permanecen en los territorios son perseguidas, su medio destruido, usurpado, no de forma casual, sino de modo sistemático para expulsarlos. Si dejan de estar ahí, de vivir así las tierras pasarán a manos de políticos, ONG's, poderosos, ricos, enriquecidos, funcionarios, etc. Desde el punto de vista de la gestión de sus recursos y/o la propiedad, según el caso.
Esto sucede con las tierras de la Comunidad Wichí Barrio Obrero de Ingeniero Juárez. De 3 mil personas que la componen, en su territorio, de 6 mil hectáreas, quedan solo 12 familias, que son perseguidas y hostigadas, por criollos usurpadores, con el visto bueno de las autoridades legales, que no lo son, tienen mandato vencido, el intendente y asociaciones. El intendente de la ciudad Cristino Mendoza, las asociaciones EPRASOL Y APCD, y la autoridad de la Asociación Civil de mandato vencido, Hilario Martínez y su esposa, Cristina Amado.
Estas supuestas autoridades son amparadas por el poder político, consideradas tales a pesar de no serlo, por el Gobierno nacional a través del INAI, pero no le hace todos los problemas que le hicieron a Félix Díaz que es autoridad legal y legítima y con mandato vigente, para darles cuanto beneficio le venga bien al político y organización acomodada de turno. Porque este matrimonio solo saca beneficio para sí, y asiste al poder político en el plan sistemático de exterminio indígena que lleva a cabo, que premia al Intendente, a las ONG y a los criollos que se benefician de los proyectos productivos para la Comunidad Wichí, un aserradero, renta para ganadería, desmonte, panadería, carpintería, etc. Muy vendible mediáticamente como proyectos del estado para favorecer a las comunidades indígenas. Del Gobierno, Nacional , de Cristina Kirchner, ella hace esto, no es víctima, no es oposición decirlo, es oposición de ella a la vida, sus víctimas lo son, y de su aliado Insfrán, y de todo lo y los que representan, que no necesitan hacer esto para vivir, ni para cumplir con sus cargos, oposición a todo cuanto la hace posible, decirlo o no, no cambia la realidad, pero difundir que las cosas son otras que las que son, y hacer silencio de como son es complicidad y connivencia.
Muy poco soportable es para los 3 mil miembros de la Comunidad, ancianos, sabios, ancianas, niños, seres vivos, niñas, filósofos, jóvenes, madres, animales, mujeres estrella, tuberculosos, desnutridos, agua, indigentes, indocumentados, espíritus antiguos, peones rurales, aire, artesanos, harapientos, muertos en el olvido, tierra, envueltos en frazadas, artistas, esclavos, cantores, energía, en pozos improvisados, excluidos, espíritu, sedientos.
Como menos soportable han sido 500 años de resistencia, y antes, de lucha por la supervivencia, para aprender, todo lo que hasta ahora vienen aplicando y ha hecho posible que aún estén, lo cual no implica menos decir, que estemos. Pertenecemos a una misma especie, de la cual algunos miembros están empecinados en destruir con el medio, vía negarnos la identidad, la sabiduría adquirida para la supervivencia y la vida acorde a la cultura, producto de ella. Y muchos, por lo visto, compran, o cobran en muchos casos y revenden. Aunque sean mayoría no tienen derecho.
Los miembros de la Comunidad Wichí del Barrio Obrero de Ingeniero Juárez reclaman, no se dejan vencer por tanta injusticia, ni ceden, ni tratan de acomodarse a lo dado, desmembrarse, seguir huyendo y tratar de salvarse los que puedan, eso fue en otro tiempo, los luchadores de hoy son el fruto de antiguas sabias decisiones, el Intendente los conmina a tomar agua podrida, a soportar sus burlas y amenazas, porque es amparado por el Gobernador, por la Presidenta, por las antiguas organizaciones que luchaban por los Derechos Humanos, pero no habían avisado que era los derechos humanos de quienes a sus integrantes se les canta considerar así.
Hace años que la autoridad legal de la Asociación Civil de la comunidad Wichí del Barrio Obrero, Hilario Segovia, lo que nos imponen llamar Cacique, y los originarios nos enseñan que no es así, falleció. Silvia Tarantini del organismo a cargo en Formosa de tramitar el registro de nuevas autoridades se niega a hacerlo. Y las autoridades que habían quedado a cargo y tienen mandato vencido, Cristina Amado e Hilario Martínez, amparados por INAI, dependiente de Alicia Kirchner, y de la Presidenta de la nación, gestionan en nombre de 3 mil personas, lo que no les corresponde: proyectos productivos, financiación, todo para que organizaciones como EPRASOL y APCD, el intendente Cristino Mendoza, criollos que usurpan sus territorios lucren a su costilla, y las familias Wichí que quedan en territorio, y los que han ido parar al borde del pueblo se olviden de lo que les corresponde a fuerza de lo que sea, que no es, y no será. Ni en Ingeniero Juárez ni en ninguna otra Comunidad, donde la especie de la que somos parte en una tierra a la que pertenecemos, tenga futuro.
Las personas nombradas y las asociaciones, aprovechan la Asociación Civil y su propiedad de 6 mil hectáreas, los derechos de la Comunidad Wichí Barrio Obrero de Ingeniero Juárez, Formosa, para sacar beneficio propio y en detrimento de los miembros de la comunidad, que no acceden ni al agua. Todo con el buen visto de autoridades nacionales y provinciales, no porque no lo sepan, sino porque son parte del negocio, y de la planificación sistemática del Estado, que lleva a cabo el Gobierno hoy, contra leyes, derechos y tratado internacionales, y contra todo buen sentido.
Cuando no le conviene a esta forma de delinquir de los poderosos contra las personas y contra las comunidades indígenas, lo mismo que para este caso hacen la vista gorda, es excusa para impedir no beneficios, sino acceso a derechos básicos. Los miembros de las Comunidades Indígenas que no se impliquen contra las demás personas de sus comunidades, no son considerados humanos a la hora de respetarlos, pero si sujeto de deberes a la hora de inventarles causas judiciales para perseguirlos. Es decir que todos los poderes del estado y organizaciones de la sociedad civil están implicados de algún modo, y acompañan, porque estas cuestiones son sabidas, no pueden pasar pero siguen sucediendo en Argentina.
Los miembros de la Comunidad Wichí están reclamando poder elegir a sus autoridades y que esta situación cese, con todo derecho, y deber por parte del Gobierno, pero se lo niegan. No hay procesados hasta el momento ni en el gobierno nacional, provincial, municipal y en las organizaciones implicadas por estos delitos, y los daños que en estas personas causan, como a todos. Sí están procesados varios miembros de la comunidad por reclamar, y son llamados constantemente a declarar, se los hace objeto de embargos y limitaciones en su libertad de circulación por el territorio nacional.
Rita Venturino
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